La Reforma Política-Electoral protege y amplía el derecho de todos los mexicanos a votar y ser votados; renueva las instituciones y las reglas de la competencia electoral; fortalece la capacidad del Estado mexicano para alcanzar acuerdos transformadores; facilita el acceso de los candidatos independientes a los cargos de elección popular, y elimina los obstáculos que dificultaban la representación de las mujeres en las legislaturas estatales y federal.