1) Se protege y amplía el derecho de todos los mexicanos a votar y ser votados:

  • Se establecen mecanismos para que los ciudadanos que opten por buscar un cargo público a través de una candidatura independiente, compitan en igualdad de circunstancias con los candidatos respaldados por los partidos políticos.
  • Se promueve ─como nunca antes─ la paridad de género, reconociendo el papel central que deben tener las mujeres en la toma de decisiones de nuestro país. Ahora, los partidos políticos están obligados a que 50% de sus candidaturas a legisladores federales y locales sean ocupadas por mujeres.
    • En ningún caso se admitirá que se les asignen exclusivamente aquellos distritos en los que los partidos políticos han obtenido resultados bajos.
  • Se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir a sus autoridades o representantes bajo sus propias formas de gobierno interno. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.
  • Ahora, los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero pueden votar en la elección de Presidente de la República y de Senadores por el principio de mayoría relativa, así como por gobernadores o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuando las constituciones locales así lo prevean.

2) Se transformaron las instituciones y las reglas de la competencia electoral:

  • El Instituto Federal Electoral (IFE) se transformó en el Instituto Nacional Electoral (INE). Entre las nuevas atribuciones del INE destacan:
    • Garantizar que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos en radio y televisión.
    • Asumir directamente la realización parcial o total de los procesos electorales locales.
    • Coordinar las consultas populares.
    • Conocer de la queja o denuncia formulada por actores políticos, por violaciones a las normas de propaganda electoral o sobre hechos que constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.
    • Designar y remover, en su caso, a los consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
    • Atraer cualquier asunto de la competencia de los OPLES, cuando la trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.
    • Delegar a los OPLES algunas de sus funciones en los procesos electorales federales.
    • Organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos.
  • Con la promulgación de las leyes generales en Materia de Delitos Electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos:
    • Los tribunales electorales se transformaron en autoridades jurisdiccionales de carácter local, ajenas a los poderes judiciales de las entidades federativas, con facultades para resolver controversias en materia electoral.
    • Se incrementó de 2 a 3% el porcentaje mínimo de votación requerido para que los partidos políticos conserven su registro (en la elección para Presidente de la República o renovación del Congreso de la Unión).
    • Se rediseñó el sistema de coaliciones entre los partidos políticos para participar en una elección, estableciéndose tres tipos: 1) totales, cuando contengan todos los candidatos en un mismo proceso electoral; 2) parciales, cuando contengan la postulación de, al menos, 50% de candidatos, y 3) flexibles, cuando contengan la postulación de, al menos, 25% de candidatos en un proceso electoral federal o local.
    • Los partidos deberán difundir información sobre su padrón de afiliados, contrataciones de distinta naturaleza, así como ingresos de sus dirigentes y de cualquier persona que reciba un ingreso del partido.
  • Con la nueva legislación, se contemplan 25 conductas constitutivas de delito electoral, entre ellas:
    • Obligar o ejercer cualquier tipo de presión sobre los ciudadanos para que voten a favor o en contra de un candidato, partido político, o bien, se abstengan de votar.
    • Promover, mediante amenaza o promesa de pago o dádiva, el voto en favor o en contra de un determinado partido político o candidato, o bien, la abstención de votar.
    • Se establecen sanciones a servidores públicos que incurran en conductas clasificadas como ilícitas en los procesos electorales.
  • También, se reformó la legislación para ampliar las causales de anulación de elecciones:
    • Cuando se exceda el gasto de campaña en 5% del monto total autorizado; se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, o se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

3) Se modernizaron distintas instituciones políticas para fortalecer nuestra democracia:

  • Se estableció la posibilidad de que el Presidente de la República opte por formar un Gobierno de Coalición ─en cualquier momento de su mandato─, a partir del 1 de diciembre de 2018, alentando con ello la corresponsabilidad entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
    • En este caso, la fuerza política triunfante en las elecciones presidenciales y otras fuerzas políticas, podrán impulsar un programa de gobierno conjunto, que será respaldado por una mayoría legislativa estable. En este modelo, los nombramientos de secretarios de Estado tendrán que ser ratificados por el Senado de la República, con la salvedad de los secretarios de Defensa Nacional y de Marina.
  • Se estableció la reelección legislativa. A partir de 2018, los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión, hasta por cuatro periodos consecutivos.
  • Los Congresos locales ahora están facultados para establecer la reelección consecutiva para los cargos de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, por un periodo adicional, siempre y cuando su mandato no sea mayor a 3 años.
  • A partir de 2024, se reducirá el Periodo de Transición entre la elección presidencial y la toma de protesta del titular del Ejecutivo Federal.
    • La toma de protesta del Presidente de la República será el 1 de octubre y la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación tendrá que llevarse a cabo a más tardar el 15 de noviembre.
    • Esto permitirá que el Presidente entrante tenga tiempo suficiente para formular y presentar su propuesta de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de la Federación, en congruencia con su plataforma electoral y de gobierno.
  • La Cámara de Diputados ahora tiene la facultad exclusiva para ratificar el nombramiento del Secretario de Hacienda y Crédito Público (cuando no se opte por un gobierno de coalición) y para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, a partir del 1 de diciembre de 2018.
  • La Cámara de Senadores ahora tiene la facultad exclusiva para ratificar al Secretario de Relaciones Exteriores (cuando no se opte por un gobierno de coalición), así como a los integrantes de órganos colegiados reguladores en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. Asimismo, se le faculta para aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a partir del 1 de diciembre de 2018.
  • Se prevé la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República con autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propios.
    • Este nuevo órgano tendrá dos fiscalías especializadas, una en materia de delitos electorales y otra para el combate a la corrupción.
    • El Fiscal General de la República durará en su cargo nueve años, para dar continuidad a las políticas y acciones de procuración de justicia. En su designación participan el Senado de la República y el Ejecutivo Federal.
  • Se estableció la autonomía del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para garantizar su objetividad, transparencia e independencia al evaluar la política social.