• Se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como una instancia que tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación ─entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno─ en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
  • Se estableció la creación de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) para prevenir actos de corrupción y sancionar a los funcionarios públicos o particulares que cometan actos de corrupción en las entidades federativas.
  • Se mejoró la regulación para combatir la corrupción.
    • Se ampliaron las facultades de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para prevenir y mantener la legalidad en el ejercicio del servicio público federal y para evaluar el desempeño gubernamental. También se estableció que el Titular de la SFP deberá ser ratificado por el Senado de la República.
    • Se ampliaron las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en materia de revisión y fiscalización de la cuenta pública.
    • Se otorgó autonomía al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y se creó una Tercera Sección de la Sala Superior del TFJA, especializada en responsabilidades administrativas, así como Salas Regionales Especializadas en la misma materia.
    • Se fortaleció la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción como un ente con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos de su competencia (entrará en vigor una vez que el Senado de la República nombre al Fiscal Especial en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción).
    • Se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se reformó el Código Penal Federal.